El 2021 es un año con grandes cambios estructurales en la historia político social de Chile. La convención constitucional que inicio su funcionamiento hace 1 mes, será el órgano encargado de redactar la nueva constitución, de establecer la guía de conducción del país, momento histórico para sentar las bases de un Estado Social de Derechos, tal como indica el jurista Germán Bidart, en el Estado social de derecho se pretende suministrar las condiciones de acceso al goce de los Derechos Humanos por parte de todas las personas.

Una piedra angular de este proceso será ¿Cómo lograr garantizar el respeto y goce de los derechos humanos de todas las personas, incluyendo a niños, niñas y adolescentes?, como devolver el verdadero sentido e importancia a los derechos humanos en el Chile actual, que parece haber extraviado el rumbo, quedando en evidencia la necesidad de cambios profundos y estructurales para garantizar el pleno respeto de los mismos. Y esta necesidad se agudiza, si miramos a los grupos de la sociedad que históricamente han sido excluidos y que per se, no cuentan con herramientas para ejercer por si mismos los derechos y solicitar su exigibilidad como la niñez.

Al tenor de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada y vigente en Chile, es ineludible la incorporación del reconocimiento constitucional de "Sujetos de Derecho de niños, niñas y adolescentes", con la implicancia que aquello tiene en cuanto a la jerarquía dentro del ordenamiento jurídico, unido a la consagración de mecanismos que garanticen su goce y ejercicio.

El 1 de octubre del presente año inicia su funcionamiento el nuevo Servicio de Protección Especializada de la Niñez -continuador legal de SENAME-, con la expectación de una mejorada política pública, sin embargo, inicia en lo abstracto, ya que, en la actualidad no contamos con un macro Sistema Integral de la Niñez, que garantice sus derechos humanos y las condiciones necesarias para su desarrollo integral e incorpore responsabilidades estatales para el cumplimiento de sus obligaciones con garante principal de derechos, puesto que aún no se encuentra promulgada la Ley de garantías de la niñez, generando retrocesos en los avances hacia el cumplimiento de la Convención.

Punto aparte y no menor, fue la situación ocurrida en el Tribunal Constitucional, desconociéndose completamente el principio rector de la Convención de Derechos del Niño, como es la autonomía progresiva, y sin entrar en el fondo de este bochornoso capitulo, esperamos que la nueva constitución reforme la orgánica del mencionado Tribunal.

Cambios estructurales e institucionales se asoman en Chile, esperamos en un marco respetuoso de los derechos humanos, para lograr una mayor inclusión social digna y equitativa de todas las personas, incluyendo niñas, niños y adolescentes, con instituciones capaces de dar respuesta oportuna, promoviendo la protección, restitución, defensa y exigibilidad de sus derechos más elementales y forjando una política estatal de educación permanente de derechos humanos de la Niñez.

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